Durante
el siglo XVIII, Extremadura era una provincia de la Corona de Castilla, dividida
en ocho partidos: Alcántara, Badajoz, Cáceres, Llerena, Mérida,
Plasencia, Trujillo y Villanueva de la Serena.
En el reinado de Felipe V se crea la primera institución propia de nuestra región: la Intendencia General de Extremadura (1720), con sede primero en Mérida y luego en Badajoz. Esta institución realizaba funciones militares, gubernativas y de Hacienda.
Casi al final del siglo, durante el reinado de Carlos IV, se crea la Real Audiencia de Extremadura (1790), con sede en Cáceres. Con esta creación se conseguía que, en los asuntos judiciales, los extremeños ya no dependieran ni de Valladolid (territorios al Norte del río Tajo), ni de Granada (territorios al Sur del Tajo).
A pesar de estos intentos de unificación administrativa por parte
de los Borbones, no olvidemos que durante el siglo XVIII pervive el régimen
señorial con sus diferentes tipos de jurisdicciones: realengo, señoríos
nobiliarios, señoríos eclesiásticos y las encomiendas
de las Órdenes Militares.
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